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El boletín EUMIGRE reúne las noticias más relevantes de cada mes sobre asilo y refugio y sobre el  fenómeno general de la migración en Europa así como a hechos derivados de la misma en el campo de la inmigración, ciudadanía, integración, inclusión social, Derechos Humanos, diversidad y no discriminación acontecidas en el seno de la Unión Europea.

ECRE estudia impacto jurispdrudencia TJUE

Nueva publicación analiza sus efectos sobre la legislación nacional en materia DDFF.

Un informe recientemente publicado por ECRE muestra el impacto de tres casos sobre asilo de la corte de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en las políticas de asilo de ocho Estados miembros. 

El estudio incluye siete Estados miembros; Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Suecia, los Países Bajos, UK e Italia y demostró cómo las sentencias sobre la determinación de las solicitudes de asilo LGBTI -casos X.Y.Z y A.B.C- y sobre condiciones en detención de las personas sujetas a traslados de Dublín –casos Cimade y Gisti- hayan tenido efecto sobre la legislación nacional general afectada y que esto ha conducido a un cambio en las prácticas nacionales y a veces incluso en las legislaciones formales. 

Mientras que el informe reconoce la influencia general de la UE a nivel nacional, los resultados también reflejan una realidad más compleja. Aunque los juicios hayan aclarado determinadas disposiciones, otras han quedado confusas, y a menudo proporcionando un amplio margen de interpretación por los órganos jurisdiccionales nacionales.

En cuanto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el estudio encontró que las autoridades estatales a menudo preferían referir a instrumentos más establecidos como la Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y que aun son necesarios tiempo adicional y formación para resolver este problema. 

Por consiguiente, el informe recomienda que las futuras cuestiones dirigidas a la corte sobre la interpretación de la legislación comunitaria intenten asegurar su claridad. El informe recomienda que las prácticas y la legislación nacional deba ser en todo momento conforme a las disposiciones de la carta de la UE.


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