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Grecia cambia las normas para los recursos en asilo
El pasado 16 de junio, el Parlamento griego aprobó una enmienda a la Ley de asilo, modificando la composición de las Comisiones de apelación y el derecho de los solicitantes de asilo a ser oídos durante los recursos contra las decisiones negativas. Esta enmienda había sido inicialmente rechazada, pero fue sucesivamente reintroducida con urgencia antes de la adopción de un proyecto de ley sobre desarrollo económico.
Los principales cambios conciernen la composición de las Comisiones de apelación encargadas de examinar los recursos contra las decisiones negativas del Servicio de Asilo, que eran previamente conformadas por un representante del Ministerio del Interior, un representante del ACNUR y un representante elegido entre un listado de expertos en derechos humanos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahora, las comisiones serán formadas por dos jueces de los tribunales administrativos, designados por el Comisario General de los tribunales administrativos y un representante del ACNUR. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá participar en las comisiones solo en caso que ACNUR no esté en condiciones de nombrar a un miembro.
La nueva ley también permite que funcionarios EASO lleven a cabo las entrevistas de asilo en el contexto del procedimiento excepcional aplicado en fronteras. Hasta hace poco, EASO sólo podía apoyar al personal del Servicio de Asilo en la realización de las entrevistas. Al mismo tiempo, la enmienda ha eliminado el artículo que permitía a los solicitantes recurrentes solicitar una audiencia personal ante los Comités de Apelaciones por lo menos dos días antes del recurso.
Cabe destacar como esta enmienda legislativa viene poco después de la entrada en vigor de la nueva ley de asilo votada en abril, y después que varios Comités de Apelaciones decidieran rechazar la presunción de "tercer país seguro" con respecto a Turquía. Según un nuevo informe de la Comisión Europea, alrededor de 70 resoluciones de los Comités de Apelaciones han rechazado definir Turquia como país seguro, volcando a las decisiones tomadas por el Servicio de Asilo en primera instancia.
Durante el debate Plenario varios parlamentarios han declarado sus preocupaciones antes de la adopción de la enmienda y han dudado de su constitucionalidad. Las principales críticas conciernen el papel incierto de los Comités de Apelaciones, que supondrá la participación de funcionarios judiciales dentro del ejercicio de un órgano administrativo. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también cuestiona la constitucionalidad de la medida,y la conformidad de la nueva ley frente al derecho a un recurso efectivo.
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